La Asociación de Comerciantes del Centro, ASOCENTRO, a través de su Directora Ejecutiva, Dina Luz Pardo Olaya, mostró su descontento ante el proceder de la autoridad por la proliferación de puestos estacionarios (que fueron abandonados por sus dueños), hoy operan –en cabeza de venezolanos, en el 90% de los casos- como salones de bellezas callejeros donde depilan en diferentes partes del cuerpo, tatúan cejas, arreglan uñas, cortan cabellos y demás prácticas en las cuales se requieren instrumentos y un lleno de condiciones sanitarias que a simple vista no se cumplen.
Sobre esta situación, la Dirigente gremial manifestó “esto no es un asunto exclusivamente de competencia desleal para los establecimientos donde funcionan salones de belleza formales y donde la autoridad de salud regularmente hace controles para el cumplimiento de las condiciones para un establecimiento de este tipo, esto se trata de una emergencia sanitaria, porque de no mirarse así y actuar pronto, muchos usuarios de estos puestos callejeros están expuestos a contraer un sinnúmero de enfermedades.
Lo más grave de todo, afirma Dina Luz Pardo, es que no se está haciendo ni se podrá hacer nada de acuerdo a una experiencia cercana sobre el particular.
Grabé
“Recientemente, solicitamos el retiro de un mobiliario de estos, por cuanto había sido puesto en alquiler por su dueño (lo cual está prohibido que un particular alquile el espacio público), en ese momento sin uso, no fue retirado pese a la solicitud con los argumentos del caso. De repente, un día amaneció lleno el puesto con todos los elementos para instalar un salón de belleza y el mismo día ya estaba operando como tal. Solicitamos una vez más el retiro de este puesto, pasaron los días, una tercera vez solicitamos lo mismo. Conclusión: La oficina de Espacio Público fue de la mano con la policía a intervenir este espacio y según nos informaron, no fue posible hacer nada porque el policía a cargo del operativo no lo permitió. El agente de policía dijo que la orden que tenía es que donde se identifique que es de procedencia venelozana no se puede hacer nada, dejarlos en las prácticas que adelanten”.
De acuerdo con lo anterior, la dirigente gremial decidió enviar un mensaje a las autoridades locales y nacionales “En nombre de los derechos humanos no es posible aprobar prácticas que atentan contra la salud y por ende contra la vida de los demás, no olvidar las prioridades establecidas en nuestra Constitución Política de 1991”.
Por ello, el gremio solicita que el Estado y los gobiernos locales hagan cumplir la constitución y todas aquellas normas donde prevalezca la vida y salud de los habitantes. Al tiempo, solicita que si la política es seguir permitiendo el ingreso cada día de más venezolanos, que entonces el Estado y Gobiernos locales, solucionen esta problemática social que está afectando, la salud, el bienestar que debe corresponder con las obras de desarrollo urbano de la ciudad y por ende, a la economía local.
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