Datos de la Defensoría del Pueblo revelan que solo en 2023 se registraron 184 casos de reclutamiento forzado por estructuras criminales; de estos, 110 correspondieron a niños y adolescentes varones y 74 a mujeres. Los departamentos con mayores afectaciones fueron Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca y Caquetá, con una preocupante concentración del 68,4 % de las víctimas en comunidades indígenas, especialmente en el rango de 14 a 17 años de edad.
Un estudio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reveló que entre 2013 y 2022 se atendieron 2.181 menores desvinculados del conflicto armado, arrojando patrones similares: pobreza, carencia de oportunidades, violencia intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas son los factores que facilitan la captación de jóvenes por parte de estas redes criminales.
Autoridades han advertido que en muchos casos los propios padres y abuelos enseñan a delinquir a sus hijos y nietos, configurando un preocupante "negocio de familia". Se estima que el 22 % de los casos judicializados de este tipo tienen origen en este entorno familiar criminal. Esta realidad hace urgente no solo endurecer las acciones estatales, sino también aplicar rigurosamente las penas ya contempladas en la ley, como lo estipula el artículo 188 D del Código Penal Colombiano, que sanciona con penas de 10 a 20 años a quienes induzcan o utilicen menores para delinquir.
Voceros gubernamentales insisten en que la solución no radica únicamente en la represión penal, sino en generar más oportunidades reales para los jóvenes: educación, empleo, apoyo psicosocial y programas de prevención en territorios vulnerables, como parte de los planes de desarrollo nacional y regional.
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