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El RUI, desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), utilizará información tributaria, registros administrativos y autodeclaraciones validadas por la DIAN para determinar quiénes podrán acceder a ayudas como la Renta Ciudadana o la devolución del IVA.
A diferencia del Sisbén, que se basaba en las condiciones de la vivienda y su entorno, el RUI evaluará directamente los ingresos de los hogares, reemplazando progresivamente la estratificación socioeconómica, especialmente en subsidios de servicios públicos.
Cada entidad será responsable de ajustar sus criterios de acceso y permanencia en los programas sociales, utilizando al RUI como base oficial de referencia.
La transición comenzará en el segundo semestre de 2025 y finalizará en junio de 2026. Durante este período, se revisarán bases de datos y se adaptarán los sistemas a los nuevos lineamientos.
Este cambio, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, busca una política social más justa y focalizada, reduciendo filtraciones y garantizando que los subsidios lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.
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