Según el estudio “Un mayor salario nominal para los trabajadores: sus implicaciones en el corto plazo”, un aumento por encima del 7% podría reducir el salario real, frenar la inversión y comprometer la estabilidad del empleo formal. Lejos de mejorar el poder adquisitivo, un ajuste excesivo impulsaría la inflación y anularía sus beneficios.
Las mipymes serían las más afectadas, al enfrentar mayores costos laborales que podrían traducirse en despidos, menor contratación o incluso informalidad. A su vez, una inflación más alta obligaría al Banco de la República a mantener tasas de interés elevadas, limitando el crédito y la inversión empresarial.
Por ello, se propone que el incremento del salario mínimo tome como referencia la inflación proyectada para 2025 (5%) y la productividad total de los factores (1%). Con un panorama de productividad históricamente baja, los expertos insisten en la necesidad de una decisión prudente basada en evidencia técnica.
El objetivo es garantizar un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la estabilidad empresarial, evitando presiones adicionales sobre la economía en 2026.
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