El gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, señaló que lo que está en juego es el bienestar de miles de familias que han esperado durante años la intervención del Estado. “Este proyecto representa el clamor de comunidades enteras para mejorar su situación socioeconómica y tiene un impacto directo en la sostenibilidad de una zona vital para la región Caribe”, afirmó.
El proyecto, con una inversión de 3,2 billones de pesos, beneficia a 1,5 millones de habitantes en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre. Su desarrollo permite recuperar ecosistemas degradados, reducir riesgos de inundaciones, mejorar la navegabilidad y fortalecer la conectividad fluvial y portuaria, además de apoyar compromisos climáticos y ecológicos.
Pérez advirtió que la suspensión comprometería actividades esenciales como el dragado, la protección de orillas y las obras de mitigación, y respaldó la alerta emitida por la Contraloría General sobre los posibles impactos ambientales, sociales y fiscales.
Por ello, la RAP Caribe pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura y a los ministerios de Transporte, Ambiente y Hacienda activar de manera urgente las mesas de diálogo y articulación necesarias para garantizar la continuidad de la obra.
La entidad reiteró su compromiso con la coordinación interinstitucional y con la construcción de un Caribe resiliente, seguro y sostenible, destacando que el proyecto del Canal del Dique es hoy uno de los mayores símbolos de integración regional.
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