AFIDRO alerta riesgo financiero del sistema de salud por ajuste insuficiente de la UPC para 2026

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) expresó su profunda preocupación por el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, fijado en 9,03 % mediante la Resolución 002764 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que el incremento no cubre los costos reales ni las presiones crecientes del sistema de salud colombiano.

Según la asociación, el aumento definido resulta insuficiente frente al crecimiento sostenido de la demanda de servicios, el envejecimiento de la población y la incorporación de nuevas tecnologías y tratamientos, factores que elevan de manera estructural el gasto en salud y requieren un esquema de financiación acorde con la realidad del sector.

AFIDRO advirtió, además, que las mesas técnicas de la UPC no lograron los consensos necesarios y que persiste el incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la suficiencia y metodología de cálculo del indicador. Esta situación, señaló el gremio, profundiza los riesgos financieros del modelo de aseguramiento y amenaza la continuidad en la atención y el acceso oportuno a tratamientos para millones de pacientes.

“Más allá del debate sobre el valor de la UPC, se trata de la necesidad de un cálculo riguroso, transparente y basado en información completa. Una UPC subestimada se convierte en el mayor riesgo para la estabilidad financiera del sistema y para la garantía efectiva del derecho a la salud”, afirmó Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de AFIDRO.

Brecha de financiamiento y efectos en los pacientes

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro

De acuerdo con estimaciones técnicas del gremio, el ajuste requerido para garantizar la sostenibilidad del sistema debía ser del 15 %, lo que deja una brecha de 5,97 puntos porcentuales frente al incremento aprobado. Este desfinanciamiento, advirtió AFIDRO, podría traducirse en mayores barreras de acceso, debilitamiento de la protección financiera y deterioro en la capacidad del sistema para ofrecer atención continua y oportuna.

El gremio citó cifras que reflejan el impacto de la crisis: durante el primer semestre de 2025 cerraron más de 6.000 servicios de salud en el país, mientras que el gasto de bolsillo de los hogares pasó del 14,2 % en 2021 al 16,8 % en 2024, alcanzando los $14,5 billones. Adicionalmente, pacientes pueden esperar más de 250 días para recibir medicamentos, según datos de la Fundación Retorno Vital.

Llamado a ajustes estructurales

AFIDRO recordó que la Corte Constitucional ha advertido desde 2011 fallas estructurales en el cálculo de la UPC y que, en los Autos 007 y 089 de 2025, reiteró la necesidad de ajustar la metodología y garantizar la suficiencia de los recursos, órdenes que aún no se han cumplido plenamente.

Ante este panorama, el gremio propuso avanzar hacia una metodología de cálculo técnica, transparente y participativa, basada en datos completos reportados por todas las aseguradoras. Asimismo, planteó la creación de un fondo de saneamiento para saldar deudas históricas con los prestadores y transformar ese pasivo en inversión estratégica, junto con esquemas modernos de financiamiento que incluyan bonos de impacto social, asociaciones público-privadas y mecanismos innovadores de cofinanciación.

“La sostenibilidad del sistema y el bienestar de los pacientes dependen de una UPC suficiente y correctamente calculada. El sector quiere aportar y construir soluciones, pero se requieren señales de confianza, diálogo real y decisiones basadas en la evidencia”, concluyó Gaitán.