La Administración distrital reiteró su respaldo a los esfuerzos de paz de este y anteriores gobiernos, pero advirtió que, debido al alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas, era fundamental una coordinación técnica previa y permanente entre el Distrito, la Gobernación del Atlántico y el Gobierno nacional.
Según el Distrito, dicha articulación permitiría evaluar de manera anticipada los posibles impactos en la seguridad ciudadana y en el sistema penitenciario, con el fin de evitar que las cárceles de Barranquilla se conviertan en centros de mando criminal o que la mesa de diálogo derive en un escenario de fortalecimiento de estructuras ilegales.
La Alcaldía subrayó la necesidad de adoptar medidas especiales de control, vigilancia y fortalecimiento institucional para proteger la convivencia y la tranquilidad de los barranquilleros, en un contexto que también coincide con el proceso electoral de Congreso y Presidencia.
Finalmente, la Administración distrital hizo un llamado a establecer canales de comunicación permanentes con la Oficina del Comisionado de Paz, la Dirección Nacional de Inteligencia y las autoridades locales, con el objetivo de anticipar o reaccionar de forma inmediata ante cualquier alteración del orden público y garantizar la seguridad del Distrito.


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