En el complejo ecosistema empresarial colombiano, la palabra "insolvencia" suele cargar con un estigma de fracaso. Sin embargo, tras el reciente encuentro entre la Superintendencia de Sociedades y ACOPI en el Foro Económico: Gestión Inteligente en tiempos retadores, que se realizó en la Casa Cultural la Perla, en Barranquilla, el mensaje que dieron es radicalmente distinto: acogerse a la ley de reorganización es, hoy más que nunca, una decisión estratégica para la supervivencia.
De acuerdo a lo expresado por el superintendente de sociedades, Billy Escobar Pérez, considera que en los datos más recientes del Atlas de Insolvencia, el país atraviesa una etapa de estabilización postpandemia. Si bien las grandes empresas ya alcanzaron su tope de solicitudes y han comenzado a normalizarse, el foco de atención se desplaza ahora hacia las micro y pequeñas empresas (Pymes).
En el departamento del Atlántico, la tendencia es similar al resto del país, con una fuerte concentración en el segmento de las pymes. Las autoridades enfatizan que la insolvencia no debe verse como un "mecanismo de terror", sino como una herramienta de diálogo entre acreedores y deudores para enfrentar las fluctuaciones propias de la economía, el precio del dólar y factores globales.
Actualmente, cerca de 5.000 empresas se encuentran en procesos de insolvencia a nivel nacional. Lo que podría parecer una cifra alarmante es, en realidad, una señal de resiliencia: el tejido empresarial sigue siendo saludable y los mecanismos de salvamento están funcionando.
Las cifras clave del sector:
- 80% - 90% de las empresas en insolvencia pertenecen al segmento Pyme.
- De las más de 2.200 solicitudes recientes, casi el 70% busca la reorganización, no la liquidación.
- El objetivo principal es salvar la unidad productiva y proteger el empleo.
El impacto social: Más que números, son familias
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| Durante el Foro Económico: Gestión Inteligente en Tiempos retadores |
Rosmery Quintero, directora de Acopi seccional Atlántico, desde su perspectiva indicó que la importancia de estas herramientas legales trasciende lo financiero. El cierre de una empresa no solo afecta al inversionista; tiene un impacto social en cascada.
"Detrás de cada trabajador hay una familia de aproximadamente cuatro personas que dependen de ese ingreso para lo básico: educación, alimentación y vivienda".
Bajo esta premisa, la Ley de Insolvencia actúa como un periodo de gracia valiosísimo. Permite suspender temporalmente las deudas con bancos, proveedores y trabajadores para proyectar un plan de pagos a largo plazo, evitando el trauma social que supone el cese de operaciones.
Mesas técnicas y desafíos en la fijación de precios
ACOPI y la Superintendencia iniciarán mesas técnicas para acompañar a las empresas en la etapa previa a la insolvencia. Un hallazgo crítico es la dificultad de las empresas para fijar precios adecuados. El temor a cobrar el valor real del producto, sumado a la incapacidad de trasladar los costos de producción al consumidor final por miedo a perder mercado, es una de las causas principales de los fracasos financieros.
Tasas de interés y flujo de caja
El sector enfrenta una presión adicional por las altas tasas de interés, las cuales sacrifican directamente el margen de utilidad. A pesar de los avances de la Ley de Pago a Plazos Justos, el gremio señala que cerca del 40% de las empresas aún no la cumple, lo que agrava la falta de liquidez en un entorno económico que califican como inestable debido a decisiones del Ejecutivo.
El caso Monómeros: Un ejemplo de recuperación
Como ejemplo de éxito en la intervención institucional, se destaca el caso de Monómeros. Tras ser sometida a control hace dos años debido a deficiencias en su gobierno corporativo y opacidad en sus estados financieros, la compañía ha logrado sanear sus cuentas. Hoy, la empresa se encuentra en condiciones óptimas para llegar a acuerdos con sus acreedores y asegurar su continuidad operativa.
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