La Alcaldía de Soledad ha hecho un llamado público y urgente a varias entidades, incluyendo la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas y Energía, para que intervengan y apoyen en la exigencia de una política más humanitaria por parte de la empresa AIR-E. Esta solicitud surge luego de que la compañía haya procedido a cortar el servicio de energía en zonas de alta vulnerabilidad en el municipio sin considerar la situación de los habitantes.
La alcaldesa Alcira Sandoval Ibañez y su equipo de gobierno expresan su preocupación por los hechos que consideran violatorios de los derechos humanos, especialmente en barrios como Los Loteros, Ciudad Camelot y Puerta de Oro, donde aproximadamente 1200 familias se encuentran sin servicio eléctrico debido a cortes masivos realizados por AIR-E.
A pesar de los intentos de diálogo por parte de la administración local con los directivos de AIR-E, solicitando el restablecimiento inmediato del servicio, muchos usuarios continúan afectados, incluso aquellos que están al día con sus pagos y otros en situaciones de salud delicadas. La falta de respuesta por parte de la empresa ha llevado a la Alcaldía a buscar apoyo externo para resolver esta situación.
Vías de hecho
La Alcaldía de Soledad solicita a la ciudadanía abstenerse de tomar vías de hecho para exteriorizar su protesta y al tiempo responsabiliza, de manera directa, a la empresa Aire por cualquier situación de carácter de emergencia social que se pueda generar en estos sectores del municipio. De igual manera responsabiliza a esa entidad sobre las eventuales consecuencias que puedan generar las alteraciones de orden público que se están gestando en esta zona del municipio.
Un puente entre la comunidad y la firma Air-e
La administración reitera a los directivos de comercialización de la empresa Air-e la disposición de servir de mediadores entre los usuarios y la entidad, para revisar las delicadas situaciones de deudas, que al igual como se ha sostenido a nivel regional, mantienen afectada la canasta familiar de los usuarios por las altas tarifas que cobra esta empresa comercializadora del servicio, al tiempo que reitera al gobierno nacional la necesidad de revisar, de manera urgente, el modelo de prestación de ese servicio, que además de deficiente es impagable en muchos casos.
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