En las últimas horas, la Contraloría General de la República, a través de su delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, ha iniciado una indagación preliminar para determinar la existencia de posibles hechos que puedan generar responsabilidad fiscal. Esta acción surge a raíz del desembolso efectuado por el Distrito de Barranquilla por un monto cercano a los US$ 2.250.000, en el contexto del contrato conocido como "Contrato Ciudad Sede". Dicho contrato fue suscrito entre la República de Colombia -Ministerio del Deporte-, el departamento del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, el Comité Olímpico Colombiano y la Organización Deportiva Panamericana -Panam Sports-.
Además, la procuradora general, Margarita Cabello, ha anunciado la presencia de un posible detrimento patrimonial debido a la pérdida de los Juegos Panamericanos 2027, que originalmente estaban programados para llevarse a cabo en Barranquilla. La jefa del Ministerio Público ha asegurado que se tomarán decisiones pronto respecto a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Asimismo, no se descarta la posibilidad de abrir un pliego de cargos en su contra en relación con este asunto.
Aseguró que parte de la investigación es por la afectación patrimonial, así como las irregularidades cometidas dentro del proceso que condujo a la pérdida de la sede para la capital del Atlántico. En ese sentido, anunció que se están recolectando nuevas pruebas para determinar las presuntas irregularidades en el proceso.
“Se recogió toda la documentación, se fue al Ministerio para mirar la parte presupuestal, faltan algunas y con eso saldríamos con una decisión que va a salir pronto”, anticipó Blanco.
Por su parte, la Contraloría abrió la indagación por los recursos girados por el Distrito de Barranquilla que se encuentran en riesgo de pérdida y por ende de un posible daño fiscal, frente a lo cual la CGR adelantará la mencionada indagación preliminar. El órgano de control hizo un llamado para buscar todas las acciones tendientes a la recuperación de los recursos girados y evitar que se concrete un posible daño fiscal.
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