Según la sociedad querellante, trabajadores del predio colindante habrían perturbado su propiedad con presuntas amenazas a sus empleados, hecho que fue desmentido en audiencia por los testigos. A pesar de esto, la Inspectora ordenó la posesión momentánea del terreno a favor de Gonzales Garcés S.A.S., permitiendo la intervención con maquinaria y el cerramiento del área sin el fallo de un juez de la República.
Decisión en el ojo del huracán
La determinación de la Inspectora, Greisy Castilla, ha despertado inquietudes entre juristas y ciudadanos, pues, según expertos en derecho, un proceso de despojo o recuperación de bienes inmuebles debe contar con una decisión judicial que valide el derecho de propiedad y posesión.
Familiares de los Pulido afirman que llevan más de medio siglo ocupando el terreno, y que la decisión administrativa vulnera sus derechos, pues la querella policiva no debería sustituir un proceso judicial de pertenencia.
¿Exceso de autoridad?
El uso de maquinaria para intervenir en la franja de tierra y la instalación de cerramientos por parte de Gonzales Garcés S.A.S. han intensificado la controversia. La comunidad y sectores del derecho cuestionan si la Inspectora actuó más allá de sus competencias, otorgando la posesión sin que un juez determinara el fondo del litigio.
Se espera que la familia Pulido interponga recursos legales para impugnar la decisión y llevar el caso ante instancias judiciales, con el fin de esclarecer la titularidad del terreno en disputa.
¿Qué sigue en este caso?
Mientras el debate crece, especialistas en derecho sugieren que este caso podría escalar a tribunales superiores, donde se determine si la actuación de la Inspectora se ajustó a la normativa o si hubo un posible abuso de autoridad.
La comunidad, por su parte, sigue atenta a las repercusiones de este caso, que pone sobre la mesa la importancia del debido proceso en litigios de tierras y la responsabilidad de las autoridades en la resolución de conflictos de propiedad.
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