Gobernador del Atlántico solicita declarar Estado de Emergencia por crisis energética en la región Caribe

 

Eduardo Verano pide al Gobierno Nacional medidas urgentes para evitar un apagón y proteger el sistema eléctrico nacional.

Foto: Gobernación del Atlántico 

 Ante el riesgo inminente de un apagón en la región Caribe por la crisis energética que enfrenta el país, el gobernador del Atlántico y presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP Caribe), Eduardo Verano De la Rosa, solicitó al Gobierno Nacional la declaratoria de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, amparado en los artículos 189 y 215 de la Constitución Política de Colombia.

Crisis financiera en el sistema eléctrico

En una carta enviada el pasado 2 de abril y radicada en la Casa de Nariño, Verano advierte que los retrasos en los pagos asociados a la compra de energía y subsidios están afectando gravemente la liquidez de los agentes del sistema eléctrico, lo que pone en riesgo la prestación del servicio en todo el país, especialmente en la costa Caribe.

“Esta crisis impide incorporar nueva generación al Sistema Interconectado Nacional, generando una amenaza real de desabastecimiento de energía en el corto plazo”, subraya el mandatario en su misiva.

Medidas urgentes solicitadas

El gobernador Verano propone que, en caso de decretarse el estado de emergencia, el Gobierno Nacional implemente medidas legislativas extraordinarias orientadas a:

• Garantizar el pago inmediato de las obligaciones pendientes con los agentes del sector eléctrico.

• Estabilizar el flujo financiero del sistema eléctrico mediante mecanismos compensatorios adecuados.

• Proteger a los usuarios con tarifas justas, sostenibles y equitativas.

• Asegurar la operación continua y eficiente del Sistema Interconectado Nacional.

Llamado al Gobierno Nacional

El llamado urgente de Verano se suma a la preocupación creciente de líderes regionales y gremios ante los efectos económicos, sociales y ambientales que podría generar un colapso energético. La RAP Caribe, que agrupa a los departamentos del Caribe colombiano, respalda esta solicitud como una necesidad prioritaria para garantizar el bienestar de millones de colombianos.