El sistema de salud tambalea: decisiones judiciales y el riesgo de la insostenibilidad

Abogada, Claudia Escobar García 

Por Claudia Escobar García

La crisis financiera del sistema de salud colombiano no se debe exclusivamente a la insuficiencia de recursos por parte del Gobierno Nacional. Aunque esa es una realidad que debe enfrentarse con responsabilidad, hay otra causa que requiere un debate aún más urgente: el crecimiento desbordado e injustificado del gasto, en buena medida impulsado por decisiones judiciales que, aunque nacen del espíritu garantista, han generado distorsiones profundas en el modelo.

Colombia cuenta con un sistema de salud generoso, y ese principio solidario es uno de sus grandes aciertos. Sin embargo, el modelo se ha alejado de los ideales de austeridad, eficiencia y sostenibilidad que propuso la Ley 100 de 1993. Hoy, no solo hay generosidad: también hay derroche, excesos, ineficiencias y una peligrosa permisividad institucional que amenaza con hundir el sistema.

Judicialización del gasto: tres factores críticos

Hay al menos tres elementos que han contribuido al crecimiento desbordado del gasto, todos relacionados con decisiones de la Corte Constitucional:

1. Ampliación indefinida del Plan de Beneficios:
   Desde sus primeras sentencias, la Corte exigió al sistema proveer tecnologías No POS. Aunque la Ley Estatutaria de Salud excluyó expresamente el financiamiento de servicios cosméticos, experimentales, sin evidencia científica o prestados en el exterior, las decisiones judiciales han ido desdibujando estos límites.
   El argumento: todo lo relacionado con la salud física, mental o emocional puede considerarse esencial.

2. Sentencias emblemáticas que expanden derechos con cargo al sistema:

   • T-421 de 2020: ordenó una cirugía de reasignación de género que incluyó feminización facial, mamoplastia y más.

   • T-323 de 2023: autorizó tratamientos experimentales en el exterior.

   • T-355 de 2024: aprobó fertilización in vitro, pese a su alto costo y baja efectividad.

   • T-065 de 2023: obligó a las EPS a proveer acompañantes “sombra” para niños con autismo.

3. Laxa interpretación del concepto de salud:
   La salud emocional y mental se ha vuelto una puerta abierta para justificar prácticamente cualquier intervención. Así, procedimientos como lipoaspiraciones, dermolipectomías o tratamientos para la infertilidad, son ordenados como si fueran esenciales, no obstante su carácter estético, experimental o poco efectivo.

La medicalización de la vida cotidiana

Se ha instalado una visión que patologiza procesos naturales como la menstruación, la menopausia, el envejecimiento o el duelo. La medicina y la justicia han jugado, muchas veces sin rigor, a considerar enfermedad todo lo que produce incomodidad emocional o mental. En este contexto, los niños son un blanco fácil de diagnósticos sin validación científica: autismo, hiperactividad, trastornos del lenguaje, ansiedad, etc. Con base en estos diagnósticos, se ordenan terapias costosas y poco efectivas como el método Tomatis, terapias con delfines o técnicas ABA, sin verificación de su necesidad o eficacia.

¿Dónde están los controles?

Lo más grave es la progresiva desarticulación del sistema de control. Las EPS están obligadas a cumplir no solo lo ordenado por sus médicos tratantes, sino por cualquier médico privado, sin evaluación independiente ni filtro técnico. Esta práctica abre la puerta a conflictos de interés y favorece prácticas que pueden tener motivaciones económicas encubiertas.

Un llamado a la Corte Constitucional

Los desafíos del sistema de salud no son ajenos a fenómenos globales como el envejecimiento poblacional, la aparición de tecnologías costosas o los efectos de la pandemia. Sin embargo, el activismo judicial desenfrenado ha deteriorado los principios de sostenibilidad, eficiencia y equidad.

Es hora de que la Corte Constitucional haga una pausa reflexiva. No basta con garantizar derechos de forma aislada. Es necesario asumir con rigor el análisis estructural del sistema, para que no termine siendo víctima de su propio afán garantista. No todo puede y debe ser financiado con recursos públicos.