Durante el evento Economía Invisible: el impacto de la informalidad en el desarrollo colombiano, realizado el 8 de mayo, la investigadora Andrea Otero Cortés presentó los hallazgos del informe, que revela no solo una reducción de 13 puntos porcentuales en informalidad entre 2010 y 2024, sino también fuertes desigualdades regionales. Mientras ciudades como Bogotá y Medellín presentan niveles similares a los de países como Chile (33 %), otras como Sincelejo, Riohacha o Cúcuta superan el 65 %, comparable con economías como la de Nicaragua.
El estudio también evidencia que la educación formal es clave para reducir la informalidad. Trabajadores sin formación académica tienen tasas de informalidad del 75 %, y la situación empeora entre los más jóvenes y mayores de 45 años. Otero subrayó que la solución pasa por mejorar la productividad laboral mediante una educación de calidad, más que por reducir el salario mínimo. Asimismo, la informalidad empresarial persiste, especialmente en microemprendimientos de subsistencia con baja movilidad y crecimiento.
El director de Planeación de Uninorte, Iván Luzardo, profundizó en las causas históricas del problema, argumentando que la informalidad es consecuencia de una economía política que ha excluido a gran parte de la fuerza laboral del sistema de seguridad social. Desde su creación en 1945, el sistema fue diseñado para beneficiar a un grupo reducido, lo que dio origen a lo que Luzardo denomina una "aristocracia de los trabajadores", dejando a millones en la informalidad hasta hoy.
El evento cerró con un panel que reunió a representantes de Fundesarrollo, la Cámara de Comercio de Barranquilla y Uninorte, quienes coincidieron en la necesidad de intervenciones diferenciadas para regiones como el Caribe. Además, se destacó el papel del Estado en facilitar la formalización empresarial, sobre todo entre jóvenes emprendedores. El profesor Andrés Vargas, por su parte, invitó a repensar críticamente el concepto de informalidad, advirtiendo que superar la categoría estadística no necesariamente implica resolver la precariedad laboral ni mejorar la calidad del empleo.
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