Según la administración, los vehículos asignados hacen parte de una relación contractual directa que obliga a la empresa a garantizar continuidad y calidad en la operación. El incumplimiento afecta el normal desarrollo de las funciones institucionales y vulnera los compromisos adquiridos con el talento humano del sector salud.
“Ante esta situación, la Gobernación ha decidido activar los mecanismos legales correspondientes para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato suscrito y salvaguardar los intereses públicos”, precisó la entidad.
La administración destacó que estas medidas buscan proteger la adecuada prestación de los servicios de salud, que dependen del traslado oportuno de su personal, y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales de los funcionarios.
Con este anuncio, la Gobernación del Atlántico reafirma su postura de actuar con transparencia y firmeza frente a las empresas contratistas, garantizando que los recursos públicos y los servicios esenciales funcionen en beneficio de la ciudadanía.
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