La nueva legislación busca garantizar la integración de la salud mental en todos los niveles del sistema de salud, promover la participación activa de familias y comunidades, y fortalecer los procesos de prevención, promoción, atención y rehabilitación. En el Atlántico, ya se desplegaron acciones estratégicas en los 22 municipios del departamento, incluyendo socializaciones con ESE municipales, EPS, el Consejo Departamental de Salud Mental y redes comunitarias.
Entre las principales obligaciones de la ley está la creación de comités escolares de salud mental, la adecuación de los servicios de EPS e IPS para atender a cuidadores y poblaciones vulnerables, y la garantía de atención preferente a los jóvenes entre 14 y 28 años, rango etario donde se concentra la mayor prevalencia de trastornos emergentes. Además, se establecen tamizajes anuales en la infancia y adolescencia, junto con acciones focalizadas para estudiantes, docentes, madres gestantes y cuidadores.
Uno de los retos más importantes en el Atlántico está en la prevención del suicidio. Según cifras de la Secretaría de Salud, la tasa de intentos en el departamento descendió a 35,54 por cada 100.000 habitantes en 2025, la más baja de los últimos cuatro años. Aunque los casos afectan mayoritariamente a mujeres y adolescentes, la tendencia muestra una reducción del 9,18 % frente al 2024, lo que evidencia avances en las políticas de prevención.
Con este plan, el Atlántico también avanza en la construcción de un modelo de rehabilitación psicosocial basado en comunidad (RBC) y en el fortalecimiento del Programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (POAF), clave para prevenir el suicidio en jóvenes. Para la Gobernación, la implementación de la Ley 2460 representa un compromiso con la salud emocional y el bienestar integral de la población, consolidando un cambio cultural que pone la salud mental en el centro de la agenda pública.
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