El gobernador Eduardo Verano calificó como “absurdo” que la Agencia Nacional de Infraestructura pretenda trasladar al departamento el pago de una indemnización al concesionario.
El gobernador Eduardo Verano manifestó su rechazo ante la nueva postura de la entidad nacional, que busca que la administración departamental asuma el pago de una indemnización al concesionario del proyecto vial.
“Resulta absurdo que ahora la ANI pretenda que la Gobernación del Atlántico asuma el pago de una indemnización al concesionario, cuando dichos recursos hacen parte de un contrato de concesión cuya estructuración y alcances no han sido socializados ni conocidos por la administración departamental. Esta exigencia no estaba contemplada en los acuerdos previamente pactados con la entidad nacional, y desconoce el principio de buena fe institucional que ha guiado todas las actuaciones del Gobierno del Atlántico”, afirmó Verano.
Desde el inicio de su administración, el mandatario ha liderado gestiones constantes para armonizar los intereses del Gobierno Nacional, el concesionario y la ciudadanía, con el objetivo de eliminar un conflicto social que durante años ha afectado la movilidad y la convivencia en el área metropolitana de Barranquilla.
El 5 de septiembre de 2024, durante una mesa de concertación desarrollada en la Gobernación del Atlántico, y según consta en el acta firmada por el entonces vicepresidente de la ANI, Juan José Oyuela, el gobernador Eduardo Verano, los diputados del Atlántico y representantes de la comunidad, la entidad nacional propuso que la Gobernación asumiera la operación y mantenimiento de un tramo de 12 kilómetros de vía, entre la Circunvalar de Barranquilla y la entrada a Puerto Colombia.
La propuesta fue acogida de buena fe por el gobierno departamental como un paso decisivo hacia el desmonte definitivo del peaje Papiros, respondiendo a una demanda ciudadana ampliamente respaldada. Sin embargo, pese a los avances logrados y al respaldo de la Asamblea Departamental, que aprobó las vigencias futuras para garantizar la sostenibilidad del mantenimiento, la ANI no ha cumplido con lo pactado.
Recientemente, la entidad nacional insistió en reanudar el cobro del peaje, estableciendo una tarifa de $1.500 e introduciendo la propuesta denominada “Alternativas técnicas y operativas Peaje Papiros”, lo que contradice los acuerdos alcanzados con el gobierno departamental y la comunidad.
La Gobernación advirtió que este incumplimiento vulnera los principios de confianza legítima y continuidad institucional, pues cada cambio de liderazgo en la ANI o en el Ministerio de Transporte interrumpe los avances logrados, reactivando tensiones sociales en la zona.
“El Atlántico no asumirá responsabilidades económicas de un contrato de concesión firmado por la ANI que no conoce ni ha suscrito. Exigimos respeto por los acuerdos, coherencia institucional y soluciones de fondo que garanticen la movilidad y la tranquilidad de nuestra gente”, concluyó el gobernador Verano.
Con este pronunciamiento, la Gobernación del Atlántico reitera su disposición a seguir siendo mediadora entre la comunidad y el Gobierno Nacional, pero exige que las decisiones se tomen con transparencia, rigor técnico y compromiso real con el bienestar de los ciudadanos de Puerto Colombia y del Atlántico.
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