En una sesión que se extendió por diez horas, los consejeros debatieron dos propuestas: la primera, iniciar una actuación administrativa para resolver la solicitud de revocatoria directa del acto de designación, conforme a la Ley 1437 de 2011; la segunda, trasladar al rector los documentos enviados por el Ministerio de Educación Nacional para su evaluación. Finalmente, la Propuesta A obtuvo mayoría con cinco votos a favor.
Los votos favorables fueron emitidos por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; la designada del presidente de la República, Melissa Obregón; el delegado del MEN, Juan Carlos Bolívar; la representante profesoral, Marley Vanegas; y el representante de los exrectores, Guillermo Rodríguez. Verano destacó que la apertura de este proceso busca garantizar transparencia y fortalecer la autonomía universitaria, asegurando que la vida académica continúe sin contratiempos.
La Propuesta B, que proponía el traslado de los documentos al rector para su evaluación directa, recibió cuatro votos a favor por parte de la representante estudiantil Ángely Díaz Cordero; el representante de egresados, Abraham González; el representante de directivas académicas, Miguel Antonio Caro; y el representante de gremios, Manuel Fernández. Aunque no prosperó, refleja la división de posiciones dentro del órgano colegiado.
Tras la decisión, el gobernador Verano instruyó al secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Náder Orfale, para trasladar a las autoridades competentes los informes de presuntas falsedades presentados por el MEN y adelantar las acciones administrativas y judiciales necesarias para revisar la validez de la designación. Con la apertura de esta actuación administrativa, el Consejo Superior busca garantizar que todas las actuaciones institucionales se ajusten a la legalidad y a los principios de transparencia que rigen a la Universidad del Atlántico.
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