Las conexiones clandestinas estaban ubicadas en fincas, industrias, criaderos y jagüeyes, lo que impedía que el agua llegara con continuidad y presión adecuadas a las comunidades. La secretaria de Agua Potable, Lady Ospina, explicó que estos fraudes constituyen uno de los flagelos más graves para la infraestructura hídrica del departamento debido a su impacto técnico, económico y social.
La funcionaria reveló que entre enero y noviembre de 2025 se han realizado 20 operativos para combatir estas prácticas, que obligan a movilizar personal técnico y policial que debería estar dedicado a mejorar los sistemas de distribución. Además, advirtió que el hurto de agua potable es un delito que puede acarrear sanciones de hasta 150 salarios mínimos y penas de prisión para los responsables.
La Gobernación y la empresa AQsur anunciaron que las denuncias serán ahora individualizadas, con coordenadas exactas de cada predio infractor, entre los que se encuentran la Fundación Vides, Parque Industrial Araguaney, Construblock, Granja El Paso, Fábrica de Carbón Vegetal, Finca Los Corrales, Finca Maida 1 y 2, entre otros. Cada propietario deberá responder legalmente por las conexiones fraudulentas identificadas.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, enfatizó que “proteger el agua es proteger la vida” y aseguró que la administración actuará “con decisión y todo el peso de la ley” contra quienes afecten el suministro. AQsur habilitó la línea de WhatsApp 316 900 6116 para denunciar fraudes o daños a la infraestructura del acueducto.
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