La denuncia, radicada este 1 de diciembre de 2025, se basa en material audiovisual que circula desde el 29 de noviembre, donde se observa a un sujeto identificado como “Harland Palmiere”, presuntamente estudiante de Derecho, utilizando un hacha para forzar candados y mecanismos de seguridad del área administrativa y académica. Según el secretario Jurídico departamental, Rachid Náder Orfale, estos hechos representan un riesgo para la integridad del patrimonio universitario y para la seguridad de los trabajadores.
El secretario Jurídico reiteró la diferencia entre la legítima protesta social y los actos de vandalismo, señalando que el derecho constitucional no puede convertirse en una excusa para destruir bienes públicos. Recordó que la Gobernación ha invertido recursos de la Estampilla Prociudadela Universitaria en el mejoramiento de la infraestructura, y que Bellas Artes es ejemplo de un uso responsable de fondos públicos, por lo que la denuncia cobija a todos los responsables de los daños ocasionados.
La acción judicial también solicita a la Fiscalía investigar a todas las personas involucradas y activa la Línea Púrpura para atender posibles casos de agresión contra mujeres durante los incidentes. Náder Orfale enfatizó que la protesta debe ejercerse de manera pacífica, garantizando derechos tanto de manifestantes como de trabajadores y estudiantes, y protegiendo la infraestructura que pertenece a toda la comunidad académica.
La intervención de Bellas Artes, financiada principalmente con recursos departamentales, representó una inversión total de $40.972 millones, aportados por la Gobernación del Atlántico (78 %), la Universidad del Atlántico (18 %) y el Ministerio de Educación Nacional (3 %). El gobernador Verano reiteró su compromiso con la protección del patrimonio cultural y solicitó a la Fiscalía priorizar la investigación para garantizar justicia y evitar nuevos actos que pongan en riesgo el desarrollo académico y artístico del departamento.
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