La investigación busca alertar a autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía sobre posibles amenazas que podrían incidir en el desarrollo del proceso electoral, con el fin de promover acciones de prevención que garanticen elecciones libres, transparentes y seguras.
En el estudio participaron los docentes Ángel Tuirán y Luis Trejos, del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Uninorte, junto con las investigadoras y egresadas Natalia Brochero y Ana Lucía Cely, quienes realizaron el análisis del riesgo electoral en la región Caribe.
Entre los principales hallazgos se identifican factores indicativos de fraude y dinámicas de violencia que podrían afectar la integridad electoral. Para ello, el informe utiliza una Matriz de Riesgos Electorales construida con ocho factores y más de 40 variables que permiten clasificar a los municipios del país en niveles de riesgo bajo, medio, alto y extremo.
El análisis combina variables activas —como la presencia de grupos armados y su impacto en liderazgos sociales y políticos— con variables pasivas que detectan anomalías estadísticas en votaciones previas. Además, integra información relacionada con violencia, debilidad institucional, participación política, financiamiento de campañas y riesgos digitales.
En la región Caribe, el informe señala que departamentos como Córdoba, Magdalena y La Guajira concentran varios municipios en riesgo extremo debido a la coincidencia de factores de fraude y violencia. Según Trejos, este panorama está relacionado con la reconfiguración de actores armados tras la desmovilización de las FARC-EP.
En el sur de Córdoba, el investigador explicó que antes de la desmovilización de esa guerrilla existían acuerdos de no agresión con estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Tras su salida, esta organización consolidó su control territorial, lo que ha incidido en las dinámicas políticas locales y elevado los niveles de riesgo electoral.
Una situación similar ocurre en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde grupos armados han disputado el control de corredores estratégicos como la Troncal del Caribe. En este contexto, organizaciones como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada han protagonizado confrontaciones que se han extendido hacia municipios de La Guajira como Riohacha, Dibulla, Maicao y Albania.
El informe también advierte que en ciudades capitales como Barranquilla y Santa Marta el riesgo extremo está asociado principalmente a factores de violencia. La Alerta Temprana Electoral 2025-2026 señala el fortalecimiento de estructuras criminales que ejercen control territorial a través de extorsiones, fronteras invisibles y disputas por economías ilícitas.
Según Tuirán, estas condiciones pueden afectar la percepción ciudadana frente al proceso electoral. “El riesgo electoral reduce la confianza en el sistema democrático y puede traducirse en mayores niveles de abstención. Además, altos niveles de votos nulos o tarjetones no marcados evidencian la necesidad de fortalecer la pedagogía electoral”, explicó.
Ante este panorama, los investigadores plantean recomendaciones para autoridades electorales, organizaciones sociales y medios de comunicación, entre ellas fortalecer la capacitación de jurados, ampliar las campañas de pedagogía sobre la marcación del tarjetón y vigilar procesos como la inscripción de cédulas o el cambio de puestos de votación.
La participación de Uninorte en este informe nacional evidencia la articulación entre la investigación académica y el análisis aplicado a problemáticas públicas, aportando insumos técnicos que permitan anticipar riesgos y fortalecer las garantías del proceso electoral en Colombia.
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