Sin embargo, un hecho de alto impacto ocurrido hace pocas horas me lleva a cambiar de rumbo. Dos de los jefes de las organizaciones criminales más temidas del Atlántico —Digno Palomino, de Los Pepes, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños— han manifestado su voluntad de someterse al proceso de paz y acogerse a la ley.
Este anuncio, si se concreta, puede representar un antes y un después para Barranquilla, Malambo, Soledad y el resto del departamento. No solo por su impacto inmediato en los índices de homicidios, sino porque pone sobre la mesa la posibilidad de desmontar estructuras delictivas que reclutan a nuestros jóvenes, les roban el futuro y los convierten en victimarios y víctimas de una guerra urbana sin tregua.
El costo invisible de la extorsión
Las cifras son devastadoras. El 86 % de los asesinatos en el Atlántico están relacionados con enfrentamientos entre estas bandas. Y no se trata únicamente del daño humano; la extorsión como fuente de financiación de estas estructuras afecta a todos: socava la productividad, espanta la inversión, deforma la libre competencia y encarece la vida al obligar a empresarios y comerciantes a incluir estos pagos ilícitos en el costo de sus productos y servicios.
¿Un nuevo rumbo para la región?
Durante años, el Atlántico fue considerado un territorio de paz. Municipios como Usiacurí eran noticia porque no registraban homicidios en más de una década. Hoy, esta esperanza se tambalea, pero también renace con esta decisión de los cabecillas criminales.
Así como cuando fui ministro de Medio Ambiente (1997-1998) llevamos al mundo la propuesta de sacar a la naturaleza del conflicto armado, frente a los ataques del ELN a los oleoductos, hoy levanto una nueva bandera: sacar a nuestros jóvenes del negocio del sicariato y la extorsión, porque hay escuelas y universidades con ofertas gratuitas esperándolos.
Un proceso articulado por la paz
Desde la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, el pasado 31 de marzo de 2025, enviamos una primera carta al Gobierno nacional —representado por el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz— solicitando orientación sobre el proceso. Luego, el 8 de abril, comunicamos formalmente la voluntad de diálogo de Palomino y Díaz Collazos.
¿Qué sigue ahora? La caracterización de las estructuras, una tarea que asumirá el Ministerio de Defensa junto a la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia. Este proceso permitirá identificar cuántos miembros tienen, cuál es su situación jurídica y social, y así diseñar una oferta institucional en educación, vivienda y empleo, especialmente dirigida a los jóvenes, que representan la mayoría de sus integrantes.
Hoy, como ayer, el llamado es el mismo: construyamos una paz real, territorial, con oportunidades, con justicia y con esperanza. Tenemos una nueva oportunidad de cambiar la historia del Atlántico. No la dejemos pasar.
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