La Constitución Política de Colombia de 1991 cumplió 34 años el pasado 4 de julio. A pesar de las múltiples reformas que ha sufrido en estas más de tres décadas, sigue representando uno de los avances más trascendentales en nuestra historia republicana, en especial en lo relacionado con los derechos humanos y la autonomía territorial.
Pero antes de profundizar en estos dos pilares, es vital recordar el ambiente histórico y humano que se vivió durante los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue una experiencia fundacional que marcó la vida política del país y la mía como constituyente del Caribe colombiano.
Éramos 70 hombres y mujeres con visiones distintas, credos diversos, historias de vida contrastantes y enfoques ideológicos lejanos en muchos casos. Pero todos coincidíamos en algo: Colombia necesitaba un nuevo pacto, uno que nos alejara del miedo, la exclusión y la violencia, y nos acercara a la convivencia democrática.
Desde la misma directiva de la Asamblea se respiraba ese pluralismo: Horacio Serpa, liberal socialdemócrata con gran sensibilidad social; Álvaro Gómez, conservador que defendía con firmeza los valores tradicionales; y Antonio Navarro, exguerrillero del M-19, símbolo de la izquierda democrática en transformación.
Cada artículo de la nueva Constitución fue discutido palabra por palabra. No era simple redacción jurídica: era una negociación ética y política por el alma del país. Empresarios, indígenas, líderes sindicales, jóvenes, religiosos, mujeres, representantes de comunidades afro, excombatientes y académicos —todos— pusimos lo mejor de nosotros para construir una Carta Magna que naciera del consenso, no de la imposición.
Desde el Caribe, defendimos con firmeza la descentralización. Impulsamos los artículos 306 y 307, que abren la puerta para que los departamentos se agrupen en Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), y avancen hacia su reconocimiento como Regiones como Entes Territoriales (RET). No fue fácil. Tuvimos que dialogar y negociar con constituyentes del Valle del Cauca, del Eje Cafetero, con los pueblos indígenas, con sectores urbanos y rurales, con los más progresistas y los más conservadores. Y lo hicimos sin vacilaciones, con argumentos y convicción.
Lo hicimos en medio de un país golpeado por la violencia: los carrobombas del narcotráfico, el fuego cruzado entre guerrillas y Fuerza Pública, los desplazamientos. Sin embargo, nunca cedimos al miedo. Al contrario, fue en ese contexto donde más brilló el espíritu de la democracia deliberativa.
Nuestra Constitución del 91 no solo cambió el marco legal. Cambió la forma en que los colombianos nos pensamos como sociedad. Dejó atrás una constitución autoritaria como la de 1886, para darle paso a una carta garantista, inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Bloque de Constitucionalidad, con normas y tratados que el legislador ordinario no puede modificar a su antojo.
Se creó la Acción de Tutela, ese mecanismo ágil y poderoso que cualquier ciudadano puede utilizar para proteger sus derechos fundamentales. Se creó la Fiscalía General de la Nación, como parte de una apuesta por fortalecer la justicia penal. Y se sentaron las bases para una democracia participativa, diversa e incluyente.
Hoy, a 34 años de su promulgación, sigo diciendo sí, una vez por cada año de vida de nuestra “norma de normas”. Sí a la paz, sí a los derechos, sí al respeto por las diferencias, sí al poder transformador del consenso.
La Constitución del 91 es nuestra hoja de ruta hacia un país más justo y más digno. Y aunque el camino no ha sido fácil ni está terminado, su espíritu sigue vivo en cada ciudadano que reclama justicia, en cada comunidad que exige autonomía, en cada joven que sueña con un mejor mañana.
Sí. Por todo eso y más, 34 veces diré sí.
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